El Gobierno ha elaborado la primera legislación en España sobre esta innovadora forma de lucha contra el cambio climático. Se sientan así las bases para las que serán las licencias de explotación de los futuros agujeros de carbono.
El borrador de Anteproyecto de Ley de comercio de derechos de emisión supone una revisión en profundidad del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Empezará a funcionar a partir el enero de 2013 con la finalidad de propiciar una reducción de emisiones en 2020 de un 21% respecto de los niveles de 2005.
Principales novedades recogidas en el borrador
• La ampliación del ámbito de aplicación a nuevos sectores (químico, aluminio) y gases (N2O – óxido nitroso, determinados fluorados).
• Desaparición de Planes Nacionales de Asignación. El volumen total de derechos del sistema (techo) se determina a nivel comunitario.
• La asignación de derechos queda armonizada a nivel europeo. Se da mayor importancia a la asignación por subasta (en especial para el sector eléctrico, que ya no recibirá asignación gratuita) y se aprobarán reglas armonizadas por comitología para la asignación gratuita (sectores industriales). Habrá asignación
100% gratuita para sectores expuestos a “fugas de carbono”. Los ingresos que se obtengan en la celebración de las subastas podrán destinarse a la lucha contra el cambio climático.
• Se prevé un registro comunitario centralizado de derechos de
emisión. También incorpora aquellas obligaciones de la Directiva 2008/101/CE
que incluye las actividades de aviación en el régimen de derechos de emisión, que no fueron transpuestas recientemente en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2009 relativa al mercado de valores y otras cuestiones afines, que fue aprobada por el Parlamento español el pasado mes de junio.
Almacenamiento geológico
Los permisos de investigación y concesiones de almacenamiento de CO2 serán otorgados por Industria, con la aprobación previa de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Según el borrador, sometido a consultas, el titular de la concesión está obligado a realizar un seguimiento de los sistemas de inyección del CO2 en la zona que abergará el gas como de su almacenamiento. La nueva normativa pretende que el confinamiento geológico del carbono sea indefinido. El Estado se hará cargo de ellos cuando haya quedado demostrado, al menos durante 20 años, que CO2 está almacenado de forma segura, sin fugas.
En España, el Instituto Geológico y Minero está elaborando un mapa geológico en este sentido. Como informó este diario, el Ministerio de Industria ya reservó 11 emplazamientos por toda España como posibles candidatos. El proyecto piloto se está llevando a cabo en la Ciudad de la Energía de Ponferrada (León).
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